Un médico traumatólogo que asistía a parturientas privadas ilegalmente de su libertad en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la dictadura será sometido a un juicio oral acusado de secuestros, torturas y "sustracción, retención y ocultación de menores y supresión de estado civil".
El fiscal federal Federico Delgado, en un dictamen de 33 carillas,
solicitó la elevación a juicio oral a Norberto Atilio Bianco, de 65 años, quien se desempeñó en ese centro asistencia entre enero de 1977 y diciembre de 1983, y actualmente detenido en la Unidad Médica del penal de Marcos Paz.
Delgado tuvo por acreditado que Bianco tuvo actuación en la "atención de las pacientes embarazadas y que acompañó a enfermeras en sus controles, asistió cesáreas, participó en el traslado de las parturientas utilizando su propio vehículo y permitió que las internaciones y nacimientos no fueran debidamente registrados".
"Es decir, no se anotaron los datos filiatorios de las mujeres y bebés, quienes quedaron anotados como `NN` en el Libro de Registros de Nacimientos del hospital" explicó el representante del ministerio público, quien concluyó que "quedó comprobado" que el represor "tenía pleno conocimiento de esa actividad ilícita y quedó comprobado que participó en los hechos atribuidos".
Por los mismos delitos (existencia de un "plan sistemático" para la apropiación de bebés) el Tribunal Oral en lo Federal 6 lleva adelante otro proceso en el que están siendo juzgados, entre otros represores, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone.
En esta oportunidad Delgado sostuvo que las parturientas "eran llevadas al área de epidemiología, donde permanecían con los ojos vendados y esposadas a la cama en una habitación, custodiadas por personal vestido de civil".
"Los niños eran llevados a la nursery y se les colocaba una tarjeta que decía `NN` y no había registros de ellos ni de sus madres", recordó Delgado, al tiempo que consideró que existen pruebas "prístinas" del accionar de los represores.
"Este proceso que finalmente se encamina hacia la etapa de juicio oral, también contribuirá a exponer y debatir ampliamente cuanto ocurrió en general en nuestro país entre los años 1976 y 1983, aunque es un proceso muy particular debido a que atrapa al tratamiento y destino de los niños que fueron separados de sus padres, o bien que nacieron en los centros clandestinos de detención", añadió.
Delgado aludió al "plan global de aniquilamiento" llevado adelante por los represores, en el cual "la sustracción de menores fue una dimensión de ese plan criminal" que constituyó "una sucesión de conductas concatenadas entre sí, cuya finalidad fue la de separar a los menores de sus familias de origen para insertarlos en el seno de familias extrañas".
"Consideramos completa la instrucción por los hechos antes descriptos, y, en consecuencia, solicitamos la elevación a juicio de la presente causa con los alcances de este requerimiento de elevación", concluyó el fiscal en su presentación ante el juez federal Daniel Rafecas.
El fiscal federal Federico Delgado, en un dictamen de 33 carillas,
solicitó la elevación a juicio oral a Norberto Atilio Bianco, de 65 años, quien se desempeñó en ese centro asistencia entre enero de 1977 y diciembre de 1983, y actualmente detenido en la Unidad Médica del penal de Marcos Paz.
Delgado tuvo por acreditado que Bianco tuvo actuación en la "atención de las pacientes embarazadas y que acompañó a enfermeras en sus controles, asistió cesáreas, participó en el traslado de las parturientas utilizando su propio vehículo y permitió que las internaciones y nacimientos no fueran debidamente registrados".
"Es decir, no se anotaron los datos filiatorios de las mujeres y bebés, quienes quedaron anotados como `NN` en el Libro de Registros de Nacimientos del hospital" explicó el representante del ministerio público, quien concluyó que "quedó comprobado" que el represor "tenía pleno conocimiento de esa actividad ilícita y quedó comprobado que participó en los hechos atribuidos".
Por los mismos delitos (existencia de un "plan sistemático" para la apropiación de bebés) el Tribunal Oral en lo Federal 6 lleva adelante otro proceso en el que están siendo juzgados, entre otros represores, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone.
En esta oportunidad Delgado sostuvo que las parturientas "eran llevadas al área de epidemiología, donde permanecían con los ojos vendados y esposadas a la cama en una habitación, custodiadas por personal vestido de civil".
"Los niños eran llevados a la nursery y se les colocaba una tarjeta que decía `NN` y no había registros de ellos ni de sus madres", recordó Delgado, al tiempo que consideró que existen pruebas "prístinas" del accionar de los represores.
"Este proceso que finalmente se encamina hacia la etapa de juicio oral, también contribuirá a exponer y debatir ampliamente cuanto ocurrió en general en nuestro país entre los años 1976 y 1983, aunque es un proceso muy particular debido a que atrapa al tratamiento y destino de los niños que fueron separados de sus padres, o bien que nacieron en los centros clandestinos de detención", añadió.
Delgado aludió al "plan global de aniquilamiento" llevado adelante por los represores, en el cual "la sustracción de menores fue una dimensión de ese plan criminal" que constituyó "una sucesión de conductas concatenadas entre sí, cuya finalidad fue la de separar a los menores de sus familias de origen para insertarlos en el seno de familias extrañas".
"Consideramos completa la instrucción por los hechos antes descriptos, y, en consecuencia, solicitamos la elevación a juicio de la presente causa con los alcances de este requerimiento de elevación", concluyó el fiscal en su presentación ante el juez federal Daniel Rafecas.
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